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Demetrio Iramain

No quieren la reforma agraria, precisamente. No buscan desalambrar los campos del país. Es complejo el tratamiento de la disputa entre el Gobierno y los ruralistas, porque en la protesta conviven, extrañamente, sectores del campo cuyos intereses, objetivamente, están enfrentados: los pequeños productores y los grandísimos hacendados, que acrecentaron su poder deshojando a los primeros. ¿O alguno vio al ratón casándose con doña gata?

A los campestres en conflicto les importa poco la patria, y mucho ese país inaccesible para millones, que queda a la altura de sus bolsillos cargados de dólares sojeros, de euros vacunos. Van armados a la ruta, lo dicen públicamente, y a nadie le llama la atención. Conforman verdaderas guardias blancas que bien podrían repeler a tiros una avanzada de la Gendarmería, si ocurriera. Siempre guardan rifles cargados para defenderse de los bandoleros, de los bandidos rurales, de la peonada por si algún día se harta y se revela ante su situación de extrema vulnerabilidad: empleo en negro, paga miserable, salud resquebrajada por el duro trabajo en los sembradíos, que a los cincuenta años deja hecho vidrio molido al propio cuerpo y ningún beneficio previsional.

Elijen para plantear sus reclamos sectoriales y corporativos, no cualquier fecha. Marcan con una cruz el calendario a la altura de la Semana Santa, como los carapintadas de 1987, y el casillero del 24 de marzo, y ahí desatan su furia. La Patria son ellos, dicen. El recuerdo del horror militar ya fue, piensan. Ahora es tiempo de sus ganancias. Ellos hicieron el país, se la creen. Aparentemente, ellos solos se levantan a las cinco de la mañana y pasan frío, se justifican.

Y los medios de comunicación repiten sus justificaciones. Los mega consorcios de comunicación de masas, que negocian con el derecho a la información de la sociedad, cubren el conflicto entre el Gobierno y los patrones del campo, con evidentes intenciones. Manipulan. Sugestionan. Tergiversan. En vez de pedir orden y firmeza en la presencia del Estado, como cuando los piquetes los hacen desocupados o trabajadores, califican de “histórica” a la medida de los ruralistas. Sintomático. Transmiten en directo la misa de Luis Palau, el mormón anti comunista protegido de Macri y, una semana después, ponen un camión de exteriores en Plaza de Mayo y los votantes del PRO se sienten convocados “espontáneamente”, “angelicalmente”, a ir con sus ollas Essen a cortar la calle. A interrumpir el tránsito en la concheta esquina de Acoyte y Rivadavia. A defender el desabastecimiento y, a la vez, maldecir por la suba en el precio del lomo, que empieza a escasear. A asumir como propias las reivindicaciones de los agropecuarios, como si el valor de cambio de la leche y del kilo de bife, que aumenta, no fuera responsabilidad de esos mismos actores económicos que están en conflicto.

En conflicto. En conflicto político con el gobierno, y no meramente fiscal, material, económico. Eso debiera decirse y no “están en paro”, porque el paro, la huelga, son herramientas políticas de los trabajadores, de los asalariados, y nunca de los patrones. Y este lockout patronal, este boicot empresarial, es, precisamente, contra los trabajadores y contra los asalariados. Por más que los medios lo presenten al revés. Sugestivo.

A los medios, es decir, a sus mandantes en las multinacionales, en los sectores ganaderos, en las familias terratenientes, ya no les interesan tanto las retensiones, y sí torcerle el brazo al gobierno para cobrarse una a una sus diferencias políticas (algunas de clase, ideológicas, y otras simplemente coyunturales) con el gobierno nacional. La condena política e histórica a los genocidas de la dictadura. La presencia de las Madres de Plaza de Mayo en los actos oficiales. La expropiación de la ESMA. La creciente unidad latinoamericana. El Banco de Sur. Telesur. Petrosur. La política exterior del gobierno, especialmente la mantenida ante la agresión militar a Ecuador por parte de Colombia y Estados Unidos. Las paritarias y la aun incipiente recuperación salarial. La baja en la desocupación. La producción de medicamentos por fuera de los grandes laboratorios. La estimulación de cambios en los patrones culturales que permiten, por caso, discutir incluso en ámbitos institucionales una ley de aborto, educación sexual en las escuelas, o el tratamiento de los adictos a las drogas como pacientes médicos y no como objetos de la ley Penal.

Atención, que los exponentes más rancios de la derecha argentina, esa tenebrosa amalgama entre Iglesia, Pando, jueces, Macri y Sociedad Rural, cumplen puntillosamente lo que dicta el imperialismo, que ahora ordena desestabilizar la región. Tirar un bombazo en tierra ajena, que viole la soberanía nacional de un país, para estimular una potencial guerra entre ejércitos de países vecinos. Mandar a empresarios valijeros. Hacer un paro petrolero, como en Venezuela aquella vez. Salto cualitativo, que se dice.

Es cierto que, desde el punto de vista del interés del segmento social más postergado, resta mucho por hacer. Por ejemplo, otra política comunicacional, otra ley para los medios, revertir la concentración de instrumentos de comunicación masiva, cuya urgencia es irrebatible. Y también, convertir drásticamente la retención a los sojeros en bienestar para los pobres. Pero por algo hay que empezar. Hebe de Bonafini lo dijo en el acto de las Madres por el 24 de marzo, y, lástima, no hubo ni una sola organización social, sindical o política del pueblo para atender su advertencia: la operación política y mediática que se oculta tras la protesta de los estancieros es golpista; no es casual que coincidan el corte de rutas de los ricos y la reunión de la derecha mundial en Rosario.

¿Cuándo lo comprenderán quienes, desde posiciones de izquierda reclaman, con razón, distribuir la riqueza, acabar con la miseria y mejorar el país? Qué pena dan esas banderas rojas, con la “S” de Socialismo entre sus siglas, flameando entre las nenas bien de Barrio Norte, los neonazis y los defensores de Videla.

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