Cuántos
Juan José Alvarez habrá entre los políticos argentinos
Cuántos como Juan José Alvarez habrá en las Cámaras
de Diputados y Senadores, en los Tribunales de la Nación, en los medios
de comunicación de alcance masivo, en la Iglesia. Cuántos genocidas,
criados a la negrura de la impunidad, son tratados como señores y cumplen
destacadas funciones en la democracia. Cuántos Javier Alzaga
nos estarán espiando en las sombras, con la identidad travestida, persiguiéndonos
socavadamente en nombre de la seguridad del Estado. Seguridad que sólo
es de la burguesía, de los capitalistas que protagonizaron los golpes de
Estado, las dictaduras, los procesos formalmente republicanos que no hicieron
más que saquear al pueblo democráticamente.
Pero, y la seguridad del pueblo, ¿a quién le importa? Del derecho
de la población a saber si aquel que se presenta como candidato a representarlo
en la institucionalidad republicana, es en verdad un buchón, ¿quién
se interesa? Seguramente, no la Justicia. No el fiscal Carlos Stornelli, por cierto,
que se presentó de oficio ante la juez Federal María Romilda Servini
de Cubría solicitando que se investigue quién violó el secreto
de Estado que protegía en el silencio el oscuro historial de Juan José
Alvarez.
Y ya imaginamos el empeño que pondrá Servini de Cubría en
el sumario. Sobreviviente del menemismo, ilesa durante el breve suspiro de la
Alianza, jueza durante la dictadura, Servini no dudó al momento de firmar
recientemente el procesamiento del juez Roberto Andrés Gallardo, aquel
valeroso magistrado porteño que se animó a impugnar con sus armas
jurídicas esa vergüenza que es el Casino flotante. Entonces, no cuesta
demasiado suponer que Servini sí culpará a algún funcionario
de tercera línea, a algún simple empleado, por la elocuente revelación
del pasado de Alvarez, en vez de ponderar el sagrado derecho de nuestro pueblo
a conocer la trayectoria de sus dirigentes, de los legisladores que lo van a representar
en el Congreso o en la Intendencia de un municipio, como el caso de Alvarez. Será
un fallo ejemplificador. Los movimientos sociales, las organizaciones populares,
los periodistas independientes que indagan con decisión y compromiso por
la verdad, cumplen el rol que debiera corresponderle a la Justicia. Investigar,
denunciar, revelar, poniendo especial énfasis en los funcionarios públicos,
esa debiera ser la tarea de los jueces y fiscales del Fuero Federal y no la objeción
al sagrado derecho del pueblo a la información. Por caso, la organización
en la que militaban Darío Santillán y Maximiliano Kosteki elaboró
un minucioso trabajo de investigación en el que desnudaron la responsabilidad
de, casualmente, Juan José Alvarez en la matanza del Puente Pueyrredón.
No fue la Justicia, sino los propios compañeros de los piqueteros asesinados.
La Justicia del sistema, en cambio, sólo juzgó a los autores materiales
de los crímenes, y eludió puntillosamente a los responsables políticos.
Si la señora juez tuviera algo de decoro, de preocupación por la
imagen que la opinión pública se forma acerca de la Justicia, nutrida
por los fallos de los magistrados en casos resonantes y sensibles, archivaría
la investigación acerca de Juan José Alvarez y saludaría
con su resolución la relevante indagación destapada estos días.
No obstante, siempre se está a tiempo de redimirse ante el sufrido pueblo,
señora Juez. Por ejemplo: absolviendo al juez Gallardo, u ordenando que
se abran los archivos de la SIDE y se desenmascare la identidad de todos los agentes
que, promovidos por Harguindeguy a cualquier otro influyente funcionario de la
dictadura genocida, se ocultan en la niebla democrática para
conspirar contra la libertad y tratar de detener el proceso de cambios políticos
abierto en el país.
Mientras no haya cárcel para los sombríos políticos como
Juan José Alvarez, el escarnio público será una digna manera
de dejar conforme al pueblo y calmar sus ansias de justicia efectiva, concreta,
real. La Justicia de los juzgados no debiera impedir que se ventile la verdad,
y que los corruptos y asesinos sientan el desprecio y la vergüenza de su
pueblo.