Vivimos un tiempo angustioso, complicado. Pleno de contradicciones, de pasiones
alegres y de las otras. Lo que sucedió esta semana en el barrio de Flores
y aledaños, es estremecedor y obliga a quienes se hacen malasangre tratando
de impedir la injusticia, a complejizar su praxis.
El escenario es en apariencia ambiguo. Por un lado quienes trabajan en condiciones
de semiesclavitud; y por otro quienes los emplean en esas circunstancias. Lo ambivalente,
lo escandaloso, lo que debiera levantarnos en ira, es que quienes laboran hasta
18 horas diarias en total estado de indefensión jurídica, asumen
para sí el discurso y los intereses de clase de los señores feudales
que los poseen. Sí, los poseen, porque eso es lo que surge de analizar
detenidamente las condiciones en las que sudan la gota gorda los inmigrantes bolivianos:
no son trabajadores propietarios de fuerza de trabajo que pueden venderla libremente
en el mercado, sino seres humanos de segunda categoría, la mayoría
sin permiso de residencia en el país, que integran la lista de bienes de
los dueños de los talleres, que, por cierto, no parecen patrones burgueses
(qué esperanza), sino nobles medievales.
Los poseen, sí, como quien compra una licuadora y la usa a la hora y en
la manera en que se le ocurra, a único riesgo de que el aparato se rompa
y quien se perjudique sea su propietario y no la licuadora, que en este caso hipotético,
metaforizado, sería un trabajador, un ser humano. Los empleadores de los
talleres de producción en condiciones de esclavitud, no tienen un escalafón
de trabajadores sino, más bien, un inventario de personas de las que pueden
disponer discrecionalmente.
Cuestión, que, decíamos, los seres humanos que producen de esa manera
anti humana, no objetan a su empleador sino a quien denuncia la situación.
Paradójicamente, los súper explotados se movilizan contra quienes
luchan para que cese la súper explotación. Se podrá argumentar,
y tendrán razón quienes lo así lo adviertan, que hubo presiones
y hasta amenazas de los grupos de poder dentro de la comunidad boliviana: propietarios
de programas de radio, dueños de los talleres, capangas de todo pelaje;
pero eso no quita que los explotados efectivamente se hayan movilizado y se haya
montado esa escena escalofriante, que pica en la subjetividad y que ya tiene efectos
simbólicos dramáticos: la guardia de infantería de la Policía
Federal defendiendo de los manifestantes bolivianos las instalaciones de una Asamblea
vecinal que recuperó para la comunidad ese espacio –un antiguo bar-
tras enfrentarse, en tiempos pasados, a la misma guardia de infantería.
La derecha tiene para comer mucho pasto por largo rato: el pueblo oponiéndose
al pueblo; los pobres tirando huevos contra los que luchan por los pobres.
Algo similar ocurrió en Neuquen la semana pasada: obreros de la construcción,
con casco y todo, avanzando violentamente no contra la policía de Sobicsh,
no contra la Gendarmería nacional, sino contra las maestras de grado que
impedían la entrada y salida de camiones con gasolina de las refinerías
de Repsol.
El contexto en que se da esta obscenidad, hay que decirlo, no ayuda a revertirla.
La Argentina padeció en los últimos años, desde la década
del 90, un notable deterioro en la legislación laboral, en los derechos
de los trabajadores, en las garantías reglamentarias para la labor de los
obreros de todas las ramas de la economía. Todo le fue facilitado a la
clase patronal con la excusa de la necesidad de inversiones y la generación
de puestos de trabajo, aunque éstos fueran flexibilizados, contratos basura.
Los trabajadores ya dejaron de serlo y pasaron a ser monotributistas que venden
un servicio a quienes se los desean comprar. La derecha está cebada, todavía.
Desde 2003, eso también hay que decirlo, comenzó lentamente a reverse
la situación jurídica de los trabajadores. Pero falta aún.
Todo es poco ante tamaño saqueo a la dignidad que se merecen los trabajadores.
Se precisa un cambio radical; sino es como querer vaciar un océano en botellitas
de litro y medio.
