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El pañuelo blanco ya es la única Justicia

Resta, sin embargo, mucho camino por recorrer todavía y variadas injusticias por desandar. Revelar la oscura y siniestra trama de complicidades con la dictadura es una tarea compleja, ardua, pero necesaria. Kirchner señaló valientemente que todavía falta la autocrítica de los sectores de la prensa; que aún no han tenido castigo los grupos económicos que reclamaron el golpe y se beneficiaron con el modelo instalado por la dictadura; que la Iglesia también estuvo implicada; que desde algunos partidos políticos se sostenía que Videla era un general democrático. Le faltó a Kirchner mencionar que aún no ha sido inspeccionado el rol del Poder Judicial de la Nación.

A la Justicia el presidente sólo le reclamó declarar inconstitucionales los indultos, pero también debe exigírsele su profunda reconversión a los tiempos democráticos. El estamento de los jueces permanece casi intacto y su transformación sigue siendo un tema pendiente de la flaca legalidad argentina. El reconocimiento a los trabajadores judiciales desaparecidos, entre ellos un Defensor Oficial, sigue viniendo de parte del sindicato de empleados y no desde la más alta investidura del corpus jurídico. La actual composición del Consejo de la Magistratura apenas si publicó una solicitada el 24 de marzo, en la que tibiamente declara la inconstitucionalidad del golpe militar. Suena a risa, pero es la más purita verdad. La declaración lleva la firma de todos los representantes políticos (diputados, senadores, Poder Ejecutivo), abogados y académicos, pero las de sólo dos de los cuatro jueces. Uno de los no firmantes es, justamente, el que debiera ser más importante: el Presidente del Cuerpo, que también lo es de la Corte Suprema, Enrique Petracchi; el otro es Abel Cornejo, juez federal de Salta, célebre por reprimir salvajemente cada una de las movilizaciones de los desocupados de General Mosconi y Tartagal. Contingencias de la justicia argentina. Más allá de las firmas, el texto consensuado entre 17 de los 20 miembros, no hace ni una sola mención a la triste actuación de los magistrados durante la dictadura, que convalidaron jurídicamente la mayor tragedia nacional, archivando hábeas corpus, revalidando la existencia de prisioneros políticos y mirando hacia otro lado ante las evidencias de la muerte clandestina y el horror.

Y las Madres, claras, perciben esa imperiosa reformulación que debe hacerse del Poder Judicial. No en vano Hebe volvió a subrayar en su discurso del 24 de marzo, que aún permanecen en funciones más de 400 magistrados de la dictadura. “A ellos también tenemos que sacarlos, no con Juicio Político: hay que echarlos de un plumazo”, exclamó. No sin agudeza ellas exigen cárcel a los jueces genocidas y otros jueces para la democracia. Por todo esto, las Madres de Plaza de Mayo se entrevistaron con el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni esta semana. Las motivaba reclamar la declaración de inconstitucionalidad de los indultos, pero también la sanción a los jueces de los Tribunales de Casación que retardan su pronunciamiento al respecto, previo paso para un posterior y definitivo fallo de la Corte. Casación protege abiertamente a los asesinos, tan sólo cajoneando los expedientes en lo que debe pronunciarse. Tan cobardes son esos jueces que ni siquiera tienen el valor de emitir un vota favorable a los milicos.

No es, sin embargo, sólo Casación. La Justicia entera debe ser juzgada a fondo. Sus jueces deberán ser la calle, la Plaza llena, el grito de los justos, la denuncia de los humillados. Y el pañuelo blanco, su condena.

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