Principal	Jueves	Radio	Opiniones	En el camino	Presentación	Actividades	Actualidad	Historia	Universidad	Svenska

Descolgar los cuadros de la vergüenza judicial

Definitivamente, ha regresado la política. El verano no detiene la pasión por saber qué pasa y que no. Ya no se discute mediáticamente, ni en las mesas de café, sobre el peinado del presidente de turno. Ahora se vuelve a debatir sobre los vaivenes de la política. Sobre el poder. Hasta se proyectan programas sobre historia argentina por canales de televisión abierta y en horarios pico. La sociedad parece haber descubierto que todo gira alrededor de un conflicto de intereses. Desde la inflación hasta la Cumbre de Mar del Plata, todo depende de la correlación de fuerzas. Aunque los medios comunicación de masas no quieran, ya no alcanza con informar el recorrido de las manifestaciones callejeras, ni poner el micrófono a los “inocentes” usuarios, del subte o del servicio de salud, que se ven “afectados” por una huelga. La población quiere saber qué se reclama y por qué. La realidad es un escenario donde se puja, se lucha, se pelea. También en la Justicia, claro, que –se intuye-, no es una cuestión de leguleyos, de entendidos en derecho, de purismo doctrinario, de abstracciones constitucionales, sino del barro de la política, del juego de relaciones, de la capacidad de presionar.

Un proyecto del gobierno nacional prevé reducir el número de miembros del Consejo de la Magistratura, restándole representación a la corporación judicial y manteniendo la del poder político, es decir, la de diputados, senadores y Poder Ejecutivo. El rejunte opositor, desde falsos progresistas hasta confesos facistas, se reúne para conjurar el intento del presidente Kirchner. La Santa Iglesia Católica argentina los bendice en sus maldiciones. Claman, dicen, por una “justicia independiente”. Mire usted. Cacareos republicanos en la última noche neoliberal. En verdad, la oposición actúa conforme a los intereses de la patricia casta judicial, que si los cambios políticos dilatadamente advertidos por el gobierno se concretan vería peligrar su continuidad en los Tribunales. Nadie medianamente sensato y lúcido puede creerle a Macri cuando habla de una “Justicia independiente”, ni a Jorge Casanovas, Elisa Carrió o Juan Carlos Ruckauf.

No obstante, nada garantiza que los señores diputados y senadores aseguren una justicia justa, pero al menos ellos dependen del voto popular. Otro 20 de diciembre bien podría barrer con todos ellos; otras elecciones como aquellas de octubre de 2001, con un rechazo mayor al 50 por ciento, podría dejarlos sin legitimidad y sustento político real. Y eso lo saben los diputados y senadores, pero también lo sabe el pueblo, que a partir de aquella rebelión conoce sus capacidades y percibe su potencialidad transformadora.

Esta posibilidad, sin embargo, está vedada si de jueces se trata. Los puestos de los magistrados de la Nación son vitalicios y ninguna coyuntura política trastorna su estabilidad en el sillón. Los sucesivos cacerolazos de todo aquel verano de 2002 no lograron modificar la actitud de los jueces, ni hacerlos renunciar, ni siquiera reducir sus privilegios. Los Señorías perciben suculentas dietas, pero se niegan a pagar el impuesto a las ganancias. Sus nombramientos fueron el producto de pactos políticos, pero no son removidos por elecciones abiertas a toda la ciudadanía. Sólo a través del mecanismo de juicio político pueden ser destituidos, pero –salvo los ministros de la Corte Suprema- ese proceso debe ser realizado por el Consejo de la Magistratura, que actualmente tiene hegemonía de la corporación judicial, entre representantes de los propios jueces, de los abogados y de los sectores académicos.

Cuestión, que las mismas fracciones que ahora se alarman ante el supuesto avasallamiento de la independencia judicial, son las que jamás se preocuparon por la pasividad del Consejo de la Magistratura ante el Fuero Federal. Tras once años de funcionamiento, el Consejo no fue capaz de remover a los más de 450 jueces de la dictadura, según cifraron las Madres de Plaza de Mayo, ni de realizarle juicio político a casi ninguno de los magistrados menemistas, que son muchos y siguen en sus cargos, como María Romilda Servini de Cubría, por caso. Sólo destituyeron a alguno que otro, tras escandalosas pruebas de corrupción y cuando procesarlos significaba menos compromiso que seguir encubriéndolos.

Evidentemente, el reclamo de los sectores judiciales de mayor independencia es sintomático del temor que están evidenciando ante la confirmación de logros democráticos por parte del gobierno nacional. Ya se modificó la composición de la Corte Suprema, mediante la acción juzgadora del Poder Legislativo. Ahora podría tocarles a otros fueros sensibles al andamiaje corrupto del poder: los jueces federales y los de los juzgados en lo Penal Económico.

Ojalá. Como sucedió con los criminales de la dictadura, con la cúpula policial, con el Estado Mayor Conjunto de la Iglesia; como sucedió con Bush en Mar del Plata, la sociedad espera que la política les baje el copete a los jueces. No sólo los cuadros de Videla y Bignone deben descolgarse de la pared; también los de la vergüenza judicial, esa que persigue a los pobres, encarcela a los que luchan, y premia con impunidad a patrones, corruptos y ricachones.

		Subir
	AMASU - Apoyo a Madres de Plaza de Mayo - Suecia