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Ya el Presidente Kirchner había pedido perdón en nombre del Estado por la vergonzante situación de impunidad, en marzo de 2004. Ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo dice con todas las letras: la Argentina fue un país sin derecho, quebrantado por el abuso y la arbitrariedad judicial. Lo mismo vienen sosteniendo desde hace tantos años los luchadores sociales contra la impunidad que privilegia a los poderosos, económicos y militares, y que castiga, con premura y rigor, a los pobres y los militantes populares. En la Argentina de la “democracia” y las leyes del perdón, en vigencia o invalidadas, se mantienen procesos judiciales sobre miles de mujeres y hombres que luchan por trabajo y pan, entre ellos no pocos encarcelados.

El fallo es ejemplar, pero sigue sin hacer sombra sobre el sillón de los más de 400 magistrados actuales que lo fueron también durante la dictadura militar. Hay que tener en cuenta que los eventuales juicios a los genocidas serán tramitados por Señorías que, en muchos casos, deben sus ascensos en la carrera judicial a los dictadores... La sentencia debe ser reconocida, pero tampoco es para abrazarse como si fuera un gol de Argentina en el mundial. El camino de la Justicia sin peros, es largo y conoce más de movilizaciones en la calle que de escritos en los pasillos tribunalicios. Sin dudas, el logro esencial del dictamen de la Corte es para quienes se mantuvieron firmes en el recorrido de la lucha, la denuncia, la coherencia, sin aceptar ninguna de las políticas de pacificación propuestas por el Estado durante todos estos años, desde las reparaciones económicas hasta los homenajes póstumos. Las generaciones futuras, que no padecieron en forma directa el Terrorismo estatal, aprenden tras este fallo una enseñanza fundamental: la importancia de no claudicar ni bajar los brazos en la lucha por lo que se considera justo.

Sin embargo, no puede obviarse, tampoco, que el veredicto hubiera tenido mucha más trascendencia política e institucional de haberse producido al poco tiempo de la sanción originaria de aquellas funestas leyes. Pero no: el mismo estamento judicial, aunque compuesto actualmente por otros cortesanos, convalidó en aquellos años las revocadas normativas. Por caso, el ahora presidente de la Corte Suprema, doctor Enrique Petracchi, que el martes 14 votó en contra, lo había hecho exactamente a la inversa proporcional en aquella oportunidad.

Ahora, sobrevendrán las amenazas corporativas, los golpes bajos militares, el cuento de la intranquilidad en los cuarteles. El diario La Nación insistirá con que no se debe “quedar presos del pasado ni hipotecar nuestro futuro con nuevas divisiones”. Los elefantes de la derecha tendrán otro motivo para votar entusiastamente por la triple entente Macri-Sobisch-López Murphy. Los memoriosos, en cambio, analizarán cuántos represores serán procesados a partir del fallo, teniendo bien claro que muchos de los asesinos ya no irán a la cárcel porque están muertos, o arteroescleróticos, o tienen más de setenta años de edad, o porque son Jueces de la Nación y andá a cantarle a Gardel. Se seguirá, también, reclamando sanción judicial y condena política a los mandantes económicos del genocidio argentino: las multinacionales y sus socios locales. Y claro, no se detendrá el pueblo ni un minuto, pero ni uno solo, en su larga e increíble marcha por lograr los mismos sueños revolucionarios de aquellos gloriosos compañeros, reprimidos brutalmente por la dictadura.

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