Principal	Jueves	Radio	Opiniones	En el camino	Presentación	Actividades	Actualidad	Historia	Universidad	Svenska

La Justicia es, a todas luces, un instrumento fundamental de la dominación burguesa. En los Tribunales de la Nación se administra una justicia de clases, que persigue a los luchadores sociales, sanciona a las mayorías pobres y premia con impunidad y protección a los sectores acomodados de la comunidad. En una entrevista que concediera a la prensa de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, en noviembre pasado, el actual ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, lo dijo con directas palabras: “Existe un criterio de selectividad” en la Justicia penal y ese criterio “se reparte conforme a la vulnerabilidad social”. ¿Escuchó bien?: vulnerabilidad social.

Notoriamente, los fallos excarcelatorios que beneficiaron a María Julia Alsogaray y a Emir Omar Chabán, configuran un velado ataque a quienes entienden que aquel criterio de selectividad del que hablaba Zaffaroni, debiera ser un tanto más parejo, es decir, equilibrado en el atroz principio de fragilidad social que reparte, según el caso (el cliente o la víctima), condenas o absoluciones. Que los procesados puedan esperar en libertad la llegada del juicio oral y público, como prescribe un fallo reciente de la Corte Suprema, debiera aliviar la situación judicial de los miles y miles de procesados por asaltar un almacén que no tienen cien pesos para pagar una caución, y no sólo la de Chabán y María Julia. Si los dictámenes judiciales fueran semejantes para todos los encausados, entonces no se hubieran producido los últimos motines carcelarios, que fueron protagonizados por procesados comunes sin condena, sometidos a regímenes de detención absolutamente vejatorios y antihumanos. No olvidar que a menos de una semana de ambos fallos, la jueza Silvia Ramond, del fuero en lo Criminal y Correccional de Instrucción, denegó la excarcelación a los 15 presos de la Legislatura, quienes fueron detenidos en condiciones más que irregulares y sobre quienes pesan gravísimos cargos aunque, según lo afirman sus abogados defensores, se carece de pruebas de peso que los fundamenten. La Justicia argentina deja en libertad a un sospechoso de 193 asesinatos y mantiene en prisión a los quince investigados por la rotura de una puerta de madera.

El impacto social que provocaron las liberaciones de Alsogaray y Chabán quiso inducir una corriente de indignación que dé legitimación y simpatía popular a los planteos represivos de Juan Carlos Blumberg. Tanto es así, que el primero en salir a obtener rédito político de los fallos fue el diputado y ex juez Jorge Casanovas, de frondoso prontuario represivo y manodurista, segundón de Carlos Ruckauf.

La libertad para Emir Omar y Alsogaray, entonces, no es una cuestión que competa exclusivamente al ámbito judicial. Trasciende largamente los pasillos tribunalicios y exige una lectura política, del contexto y la proyección. Una hipótesis: las transformaciones políticas y económicas que se anuncian en América latina y que encuentran en Argentina un proceso que intenta trabajosamente sintonizarlas, tienen en el Poder Judicial criollo una severa y ardua complicación. La gran mayoría de los jueces son lo más rancio del viejo tiempo que no termina de morir.

Y la prueba de que ese estado de las cosas no termina de morir, aunque marcha en camino sin retorno de ello, es, precisamente, la reacción corporativa del Poder Judicial ante las declaraciones críticas de Kirchner. A coro despotricaron desde algunas momias de la Corte Suprema hasta los presidentes de varias Cámaras de Apelaciones, pasando, naturalmente, por la retrógrada Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, el sindicato de los “Gordos” jueces. A todos ellos no les cayeron bien las opiniones en voz alta del Presidente. Sus gritos en el cielo sobresalieron del triste silencio que mantuvieron durante el menemismo, cuando la Justicia se comportó con un apéndice esencial del Poder Ejecutivo, mandante de los mandarines económicos y financieros.

Ahora bien, ¿qué dirán Vuestras Señorías cuando, a instancias del poderío mediático e institucional que aún conserva el duhaldismo, los jueces que investigan la masacre del Puente Pueyrredón se nieguen a escalar hacia arriba en la investigación de las responsabilidades políticas de la matanza?

		Subir
	AMASU - Apoyo a Madres de Plaza de Mayo - Suecia