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No es la primera vez que se producen aumentos significativos en los precios. Las grandes mayorías del país ya han padecido la inflación, la timba financiera, la fuga de capitales, la especulación macroeconómica, la fiebre importadora y/o el auge exportador. Ante esas instancias, las administraciones políticas anteriores sólo guardaron calma y silencio, garantizando la continuidad del fenomenal negocio de las cúpulas económicas. En el mejor de los casos y ante el peor de los desastres, los gobiernos se vieron obligados a negociar bajo la mesa, sin ninguna fuerza real ni voluntad de presión efectiva, un cambio aunque moderado en la actitud empresarial, que jamás ha ocurrido, por otra parte. Esta vez, en cambio, el propio Gobierno ha señalado al poder económico, marcado sus culpas y responsabilizado con nombre y apellido a uno de los principales operadores mundiales en el mercado petrolífero: la Shell. No es poca cosa. Es cierto: tenía otras herramientas más fuertes y hasta más eficaces a las que recurrir, pero el Gobierno optó por declarar abierta la contienda impugnando verbalmente a su contrincante. Y lo hizo en forma severa. Kirchner llamó a la población a concretar un “boicot”. Insistimos: no es poca cosa. Se podrá discrepar acerca de cómo lo hizo, si con todo el ímpetu que debiera, pero una cuestión es sensiblemente reveladora: Kirchner se metió con el poder concreto, el de los duros billetes.

Ahora bien, ¿qué hay detrás del aumento de los precios? ¿Por qué justamente Shell, que hasta hace muy poco tiempo planeaba retirarse del mercado argentino vendiendo todas sus terminales en el país a Pdvsa, ahora contraataca aumentando el precio de la nafta? ¿Quién convenció a la Shell de no concretar la venta a la petrolera de Venezuela, entorpeciendo la estrategia de Enarsa-Petrosur? El imperialismo norteamericano está atrás de todo esto, si no, ¿cómo se explica la sincronización entre las declaraciones del jefe del Fondo Monetario y el aumento en las gasolineras? ¿El G-7 metió la cola aquí? ¿Querrán marcarle la cancha al Gobierno argentino y mancharle la superación del canje de deuda? ¿Estarán queriendo decirle “hasta aquí nomás” a sus sugeridos cambios y discursos antiestablishment? ¿Será éste el comienzo de una escalada de presiones para aumentar las tarifas de los servicios públicos privatizados? ¿No debiera, entonces, extenderse el boicot hacia otras instancias de la vida política nacional? ¿No sería dable convocar a la organización y movilización popular más decididamente para intervenir drásticamente en este proceso político?

Sin embargo, en el país hay miles de personas procesadas y hasta encarceladas, por acciones de boicot. Desocupados que boicotean las ventas de un supermercado para exigir bolsas de comida antes de Navidad. Prostitutas y travestis que intentan boicotear una sesión legislativa donde será sancionado un Código Contravencional que los perseguirá violentamente. Militantes populares que tratan de boicotear la presencia intimidante del presidente del FMI en el país interrumpiendo el tránsito del camino desde el aeropuerto. Obreros del subterráneo que se tiran a las vías para boicotear el boicot que la patronal quiere hacer con la huelga de los trabajadores al obligar al personal jerárquico a conducir las formaciones. No es descabellado pensar que en la mente de algún Fiscal de la Nación, ya debe rondar la peregrina idea de procesar al mismísimo Presidente Kirchner por apología del delito. Pero, ¿quién enjuiciará a quienes boicotean todos los días, de manera solapada a veces, con gruesos gritos otras, el camino de liberación que quiere recorrer el pueblo del país, en sintonía con el nuevo tiempo político del continente?

¡Libertad y desprocesamiento a los miles de compañeros enjuiciados por boicot!

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