Principal	Jueves	Radio	Opiniones	En el camino	Presentación	Actividades	Actualidad	Historia	Universidad	Svenska

La inseguridad. Bendito señor ingeniero Juan Carlos Blumberg; bendito señor ingeniero Santos; bendito señor comisario y próspero intendente Luis Abelardo Patti, defensor a picanazos del derecho de propiedad de los señores dueños de casaquintas. Ellos tienen profesión. Son señores. Ingenieros y comisarios y políticos. Los del rostro tapado en los techos del penal de Córdoba, no. Son negros y pobres, hijos de las siete pestes, sidosos, sifilíticos; su cautiverio no sólo es en el penal sino durante el tiempo que tarden sus miserables vidas en, al fin, clausurarse. Nadie dice que un motín es en el fondo una gran tragedia; ni revuelta ni rebelión sino calvario, que victimiza aun más a los familiares de los detenidos, a los más débiles dentro de un penal. Cuando se rompen todas las barreras de contención lo que sucede allí es absolutamente espantoso. Las sórdidas tramperas del sistema soltando sus resortes con perversión. Convivencia espuria de dirigencia política, jueces, policías y funcionarios penitenciarios.

Además, ¿quiénes son los que están presos en la Argentina de hoy? Sólo el 30 por ciento de la población de un penal tiene sentencia firme. Hay presos que reciben una condena equivalente al tiempo que llevan detenidos, sólo para cumplir las formalidades y hacer pasar desapercibida la siesta dormida por el Tribunal. El otro setenta por ciento se encuentra solamente procesado. De éstos, una enorme cantidad va a salir absuelta. Peor: la mayoría de internos carcelarios lo está por no tener cien o doscientos pesos para pagar su fianza; o sea: por no tener con qué abonar los servicios de un buen abogado; en otras palabras: por no contar con el dinero que cobra el juzgado “por izquierda” para hacer un cambio de carátula.

Los cien pesos que le faltan al ratero para estar libre, sobran en la millonada que compra la libertad provisional de Carlos Menem. Uno agita sus manitos para decir que está vivo a su esposa e hijos que lo buscan aterrados desde las adyacencias del penal; el otro hace campaña proselitista para descender de Papa a senador por La Rioja.

Entonces, sobreviene el motín, que podría ser perfectamente evitado por el Servicio Penitenciario. Pero no. Los hechos de sangre y violencia dentro de un penal configuran un negocio redondo y rentable, como la droga dentro de los pabellones, o la prostitución, o los servios de protección brindados por las bandas de presos, o los traslados o cambios en las condiciones de alojamiento. El Servicio Penitenciario controla a los presos y a sus bandas y propicia las revueltas cuando el negocio se desmadra o más bien cuando quieren acrecentarlo. “Se quemó todo”, arguyen para justificar el aumento en el presupuesto de reparación del penal. Entonces, aparecen como rotos los colchones en los que jamás durmieron los presos, y quemadas las frazadas que las propias familias de los internos habían llevado hasta los calabozos. Y el presupuesto aumenta, para que coman de allí los consultores y asesores y asistentes sociales y psicólogos que jamás van a los penales, pero que elaboran siempre rigurosos informes y memorandos y papers que no resolverán el problema. Porque a ver si nos entendemos: el problema está en otra parte: un país empobrecido, sumido en la marginación y la exclusión social, cuya población carcelaria es en un 80 por ciento menor de 25 años de edad; las largas sombras de un sistema social que está caduco; su corrupción intrínseca; el olor a muerte que sale del sobaco del capitalismo, como facas.

		Subir
	AMASU - Apoyo a Madres de Plaza de Mayo - Suecia